BUENOS AIRES.- “Se está demorando de un modo vergonzoso (la llegada de datos sobre el caso Odebrecht). La Justicia debe actuar con toda la fuerza y avanzar en la investigación. La Justicia argentina es hoy la única de la región que no avanzó con este tema”. El autor del reproche fue el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
El funcionario se refirió así a las demoras en el avance de la pesquisa del capítulo local de la trama regional de corrupción. La constructora brasileña Odebretch, la más grande de Latinoamérica, admitió ante la Justicia estadounidense el pago de coimas a una veintena de gobiernos latinoamericanos.
Garavano volvió a apuntar contra la jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó. “Frente a la inacción de la Procuración General de Gils Carbó, para esto y todos los hechos de corrupción, aprovechamos la buena relación y el trabajo conjunto (con la Justicia norteamericana) y se pidió que los fiscales de Estados Unidos cooperen con los jueces y fiscales de la Argentina”, afirmó.
Un grupo de jueces y fiscales argentinos, adelantó, viajará a Estados Unidos para intentar activar el envío de datos que figuran en los expedientes. La misión partiría durante la primera quincena de julio, según estimó.
Odebrecht admitió haber desembolsado 35 millones de dólares para coimas en la Argentina. El ministro detalló que exigen a la empresa que de detalles sobre a quiénes se hicieron los pagos y con qué objetivos.
Fuentes que tuvieron acceso a los expedientes relacionados con el país dieron cuenta de que incluyen correos electrónicos, escuchas y documentación que involucraría a ex funcionarios kirchneristas, en particular de áreas del disuelto Ministerio de Planificación -que encabezaba Julio De Vido- y a allegados al actual Gobierno. También se mencionaría a empresarios que, según las sospechas, actuaban como intermediarios entre los brasileros y las autoridades locales.
Exhortos
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Estados Unidos, Suiza y Brasil para avanzar en la ramificación de la causa que investiga los sobornos de Odebrecht para la construcción de instalaciones pertenecientes a AySA (empresa que provee de agua potable y desagües cloacales a la Ciudad de Buenos Aires).
Casanello dispuso los exhortos en busca de información sobre los negocios de la firma y “los reconocimientos de algunos intervinientes de haber disfrazado el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos”.
Todas las obras bajo la lupa están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una planta depuradora ubicada en Berazategui; una planta potabilizadora sobre el río Paraná de Las Palmas y un acueducto en el partido de Tigre. Antes, el juez había inhibido los bienes del ex director de AySA Carlos Ben y de su grupo familiar y del ex subdirector Raúl Biancuzzo. Los procesos licitatorios que habrían sido irregulares por sobreprecios y direccionamiento se habían celebrado en los años 2007 y 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández.
Denuncia
El diputado del FpV, Rodolfo Tahilade, denunció el viernes al Presidente, Mauricio Macri; a Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. Los acusó por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y encubrimiento. El parlamentario consideró que el acuerdo con Odebretch tiene la intención de “proteger” a familiares de Macri. (Especial)